El trabajo de la figura de los interlocutores policiales y el de las patrullas de Policía Nacional que incluirán en sus recorridos los hospitales y centros de salud de Castilla-La Mancha para conocer cómo ha transcurrido la jornada laboral y si se ha producido con incidentes, va a servir para elaborar un «mapa de infracciones penales» a profesionales sanitarios, en aplicación del nuevo protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a este sector, aprobado por el Ministerio del Interior en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, que este lunes se ha reunido en la Delegación con los presidentes de los Colegios de Médicos y Enfermería de Castilla-La Mancha para coordinar su colaboración tras la aprobación del nuevo protocolo -que también incluye la realización de cursos de formación- con el que, según el delegado, se intenta «prevenir» y que «se produzcan menos agresiones o insultos».

Según ha explicado, la figura del interlocutor -habrá uno territorial y otro por cada provincia- se dedicará a hablar con los centros médicos, hospitales y colegios profesionales «sobre lo que acontece», de tal manera que se pueda elaborar un «listado» de centros tanto públicos como privados en los que se produzcan más agresiones -que después de enviará al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)- para «estudiar por qué, en qué momento y de qué manera se producen» y trabajar para actuar en «aquellos sitios donde haya más problemas».

El objetivo es poder mejorar las medidas de seguridad de esos centros mediante diversas iniciativas como la instalación de dobles puertas o botones ‘anti-pánico’ en las consultas. José Julián Gregorio ha apuntado que, desde los años 2013 y 2014, en los que los sanitarios se consideraron «agentes de la autoridad», se ha registrado «una leve reducción» de las agresiones, que «tiene que ser cada vez mayor», ha manifestado.

Al respecto, el presidente del Consejo Autonómico del Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha, Carlos Molina, ha aplaudido que entre todos juntos intenten «erradicar esta lacra» ya que «no es entendible que aquellas personas que se dedican a cuidar a otras puedan estar trabajando con miedo porque puedan ser agredidos o insultados». Agresiones que se incrementan en verano, ha destacado. «Creo que esto es un paso adelante porque la salud de todos de una manera u otra es el bien más preciado», ha comentado, asegurando que las agresiones físicas o verbales en Castilla-La Mancha se caracterizan por situación de dientes de sierra», ya que mientras hace dos años hubo más de 30 denuncias el año pasado no llegaron a diez u once, pero «un día va mejor y otro día puede ir peor».

Ha recordado que la Asociación Médica Colegial nacional ha registrado a través de su Observatorio de Agresiones entre 3.000 y 4.000 de ellas desde el año 2012 y que el Consejo de Médicos regional tiene un protocolo firmado con la Fiscalía de Castilla-La Mancha para actuar cuando se producen.

Por su lado, el presidente del Consejo de Colegio de Enfermería de Castilla-La Mancha, Roberto Martín, ha resaltado que esta iniciativa «hace más cercana la figura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el profesional sanitario» frente a la realidad que sufre el sector. «A veces solo nos quedamos con la agresión fuerte, física y violenta, pero un simple insulto, una amenaza, la valoramos como una situación violenta, eso no se lo merece un profesional». Los enfermeros también cuenta con un Observatorio Nacional cuyos datos reflejan que «un tercio de profesionales van a estar cercanos a un proceso de agresión», lo que supone unos 100.000 de ellos de los casi 300.000 que hay en plantilla. Finalmente, ha valorado «tener aún más cerca a la Guardia Civil y la Policía Nacional de los centros de trabajo, sobre todo en áreas de salud más retiradas» para que el profesional «pueda estar más confiado».