CC.OO denuncia que los 60 trabajadores de la empresa Dornier, concesionaria del servicio de estacionamiento regulado (ORA) en Toledo capital, Illescas, Torrijos y Quintanar de la Orden desde hace una década, llevan tres años sin convenio colectivo y con los salarios congelados.

Exigen a Dornier la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo -el último acabó el 31 de diciembre de 2014- que incluya una subida salarial en los términos que establece el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)

CC.OO pide explicaciones a los otros dos sindicatos con representación en la empresa, UGT y CSI-F, por el acuerdo adquirido con la concesionaria de no subir los salarios. Lo ha señalado en una nota pública el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo, José Luis Arroyo.

Arroyo ha lamentado que en febrero de 2016, «con acuerdo de despacho y carente de transparencia», UGT y CSIF se comprometieron con Dornier a no incrementar los salarios de estos trabajadores que «tienen unas condiciones laborales precarias y cobran unos 900 euros mensuales».

Arroyo ha instado a los ayuntamientos de Toledo, Illescas, Torrijos y Quintanar de la Orden a que tengan en cuenta esa precariedad laboral y «las irregularidades y deficiencias» detectadas en la capital regional: «Empresas así no pueden tener la concesión de un servicio, porque no cumplen con su responsabilidad social con sus empleados», ha afirmado.

Ha recordado que los dos sindicatos «en connivencia» con Dornier promovieron la revocación de dos empleadas, y representantes de CCOO en el Comité de Empresa, por exigir la negociación del convenio y denunciar deficiencias en la prestación del servicio.

La revocación se produjo el pasado mes de junio en una asamblea convocada en las oficinas de la empresa y en horario laboral cuando, ha aclarado, «para CCOO es imposible realizarla» en esos términos, y una vez que «ambas fueron sancionadas antes por la empresa, pero esas sanciones quedaron en nada al carecer de fondo».

«La persecución contra esas trabajadoras y representantes sindicales ha sido una constante, hasta el punto de su revocación», que está en los tribunales por la demanda presentada por CCOO». Arroyo ha calificado de «absolutamente vergonzosa» la actuación de la empresa y las dos organizaciones sindicales que «lo que deben hacer es defender los derechos de los trabajadores».