La Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a un trabajador del Tribunal Económico-Administrativo de Castilla-La Mancha a un año y medio de cárcel y una multa de 6.000 euros por grabar a sus compañeras en los aseos de esta institución, para lo que instaló una cámara escondida en los mismos.

Los hechos objeto de esta sentencia judicial condenatoria tuvieron lugar en 2010 y por los mismos el acusado ya fue condenado por el Juzgado de lo Penal a tres años de cárcel; ahora, tras el correspondiente recurso, la Audiencia Provincial le ha rebajado la pena a año y medio de prisión en base al trastorno sexual que padece.

SE GRABÓ A SÍ MISMO

El condenado es vecino de Torrijos y, según la sentencia, fue quien escondió la cámara de vídeo en los lavabos de mujeres del Tribunal Económico-Administrativo en Toledo, que fue encontrada por una trabajadora de esta institución en noviembre de 2010.

Presentada la correspondiente denuncia, las pesquisas policiales dieron enseguida con el propietario de la cámara, que incluso se grabó a sí mismo colocándola en busca del mejor ángulo para grabar a sus compañeras en situaciones en las que éstas pensaban que gozaban de intimidad. Los videos grabados se encontraron en el ordenador del acusado.

La rebaja de la condena, que evitará que el autor de los tres delitos contra la intimidad de los que se le ha hecho responsable tenga que ingresar en la cárcel, se ha justificado en base al trastorno de carácter sexual que padece, aunque -según la sentencia- “es evidente que las facultades mentales del acusado no se encontraban afectadas hasta el punto de que no fuese capaz de comprender la ilicitud de sus actos”.

La sentencia destaca la planificación que siguió para colocar la cámara y obtener imágenes íntimas de sus compañeras de trabajo: “La compra de la cámara, la localización del sitio apropiado para enfocar las imágenes que quería, la colocación del dispositivo y la comprobación de que está bien colocado”, son algunas pruebas que apuntan los magistrados. “Tal conducta implica necesariamente que el acusado conoce y entiende el carácter reprobable de sus actos”, sentencia.

Además del año y medio de prisión y los 6.000 euros de multa, el condenado tendrá que indemnizar a una de sus víctimas con 1.000 euros. Además, a petición de la Abogacía del Estado, queda también inhabilitado para ejercer un empleo público.