El Defensor del Pueblo ha pedido a la Fiscalía General del Estado que valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal ante «la actitud no colaboradora» de once ayuntamientos que «obstaculizan» el trabajo de la institución, entre ellos el de Gerindote.

Todas las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo y de remitir la información solicitada. De no hacerlo, la institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, recuerda en un comunicado.

Gerindote recibió el último requerimiento en abril de 2015, en relación con una queja presentada por un ciudadano a quien este Ayuntamiento no contestó a su solicitud de información por la posible concesión irregular de una licencia urbanística.